La solución ante el llamado «fracaso escolar» es complicada, pero posible. Es necesario, de entrada, una mayor presupuesto para la educación por parte de la Administración, de forma que los centros dispongan de los suficientes medios económicos, humanos y materiales para lograr los niveles de calidad deseados, teniendo en cuenta especialmente las escuelas de educación especial y el colectivo de alumnos más desfavorecidos y con más riesgo de abandono. Asimismo, los poderes públicos han de hacer una evaluación continua y seria del sistema para detectar así los problemas más acuciantes e intentar paliarlos.

Junto a esto, se impone una mayor participación de los padres en la actividad educativa. La relación de éstos con los profesores es esencial para el propio desarrollo del alumno con retraso académico. En este aspecto, tienen un importante papel los mencionados departamentos de orientación de los colegios. La figura del psicólogo o pedagogo único debe acompañarse por un equipo de profesionales cualificados, entre ellos un grupo de trabajadores sociales que se dediquen sobre todo a los colegiales más desmotivados y conflictivos. El cuerpo de maestros, en este sentido, ha de estar preparado para impulsar una nueva forma de enseñar, más activa y ligada al entorno y a la realidad, y que sea capaz de desarrollar en todos los niños el deseo de aprender.

El profesorado de apoyo es otro de los asuntos a reforzar, dotando a los centros de un mayor número de docentes para realizar en cada momento las adaptaciones curriculares que precisen los jóvenes. En una situación social en la que el descenso de natalidad comienza a producir una reducción en el número de escolares, las administraciones han de aprovechar esta circunstancia, no para reducir la plantilla de educadores, sino para aumentar los apoyos en las escuelas. Al contar con estas ayudas, los centros podrían atender a la diversidad de alumnos, de manera que los que encuentran mayores problemas de aprendizaje pudieran salir de sus grupos de referancia y ser atendidos en grupos más reducidos durante el período de tiempo necesario para superar las dificultades, transcurrido el cual podrían volver a integrarse en su curso.

El hecho de que todos los institutos de secundaria, también los públicos, puedan acoger la etapa completa, es decir, con la educación primaria, supondría, según los expertos, una unidad de acción que evitaría muchos problemas a los estudiantes de riesgo. A su vez, la distribución equilibrada de la población escolar menos aventajada en colegios públicos y concertados facilitaría la labor docente, reduciendo así los niveles de fracaso. Cuando éste se diera desde la etapa de educación infantil, habría que prestar una especial atención a los alumnos que viven en sectores sociales desfavorecidos.

Estas medidas de prevención y solución del fracaso escolar son fruto de una voluntad común de profesores, padres, estudiantes y administración educativa. El protagonista es el niño en edad escolar, y toda la sociedad en su conjunto debe aunar esfuerzos para poder acabar con un problema que afecta en nuestro país a uno de cada cuatro jóvenes.

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